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'Caso Canarias': las boticas apelarán al "interés general" para evitar los cierres
Creen que cerrar a la vez 196 establecimientos sanitarios dañaría a la sociedad y se destruirían 400 empleos La Jurisdicción Contenciosa permite, en casos de negativa repercusión, suspender la ejecución de una sentencia
RAÚL HERNÁNDEZ | S. C. DE TENERIFE |
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Fecha de publicación: Viernes, 6 de Noviembre de 2009
RAÚL HERNÁNDEZ
Existe un artículo en la Ley de Jurisdicción Contenciosa que permite que se pueda ejecutar sólo parcialmente, o incluso suspender, una sentencia en base a la imposibilidad de dar cumplimiento a la misma en un momento determinado debido "a cuestiones de interés general", especialmente si ésta puede implicar repercusiones negativas en la sociedad. Un artículo que se puede convertir en la tabla de salvación de 198 oficinas de farmacia en Canarias, cuyos concursos de adjudicación o traslado fueron declarados nulos por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sentencia confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo.
En este sentido, Juan Manuel Fernández del Torco, abogado que representa a varias decenas de estos profesionales que consiguieron una farmacia en estas convocatorias, manifestó a EG que era "absolutamente inviable y perjudicial para el interés público el cierre de estas boticas". Por ese motivo, como respuesta a las solicitudes de "ejecución forzosa" de la sentencia realizadas semanas atrás, tanto por el demandante originario como la de la asociación Plafarma, Del Torco presentará un escrito de "incidencia de ejecución" en el que reclamará "la no ejecución de la sentencia en base al citado interés general que supone para la población que estos locales sigan funcionando".
"Interés general"
"Nosotros partimos siempre de ese interés general, en cuanto a que son establecimientos sanitarios que llevan años ofreciendo servicio a una población y que dan trabajo a más de 400 ciudadanos", recordó Del Torco. Además, manifestó que "también es de interés general la cuantía económica a la que tendría que hacer frente la Administración en indemnizaciones si procede al cierre de los locales". Una cifra, según él, cercana a los 100 millones de euros.
Esta apelación al interés general es la principal apuesta de este colectivo en términos jurídicos, "pero no la única", tal y como avisó Del Torco. A este respecto, consideró que sus representados "son titulares de unos derechos adquiridos por resolución firme de la Administración, en base a autorizaciones firmes de apertura no sujetas al asunto objeto de litigio".
Diversos juristas consultados por EG coincidieron en señalar que los magistrados "suelen hacer uso de la lógica" cuando se les solicita la no ejecución de determinada sentencia en base a un posible daño sobre el interés general. En el caso de que los tribunales aceptasen esta petición, la Consejería de Salud canaria debería obligatoriamente indemnizar a la parte del litigio a la que los tribunales dieron la razón: el boticario Carlos Blesa.
Nueva reunión
Mientras las partes afectadas se posicionan en este asunto, la Consejería de Salud canaria mantiene reuniones con los representantes de la farmacia autonómica para buscar una solución que desbloquee la situación, más si se tiene en cuenta que las recientes peticiones de ejecución de sentencia limitan, tanto en tiempo como en forma, la posibilidad de buscar un acuerdo.
Según ha podido saber EG, la última de estas reuniones, celebrada el pasado lunes 2 de noviembre en Las Palmas, resultó igual de infructuosa que las precedentes, al menos en cuanto a la fijación de un plan de actuación. Tanto los representantes de los COF de Tenerife y Las Palmas como los de la patronal Fefarcan, presentes en este encuentro, manifestaron su interés por que se encuentre "una solución de consenso", ya que representan tanto a afectados como a propietarios y demandantes.